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A un año del asesinato de un sindicalista en Bangladesh, las marcas no asumen su responsabilidad

Jun 27, 2024 —

Foto: Conmemoración para recordar a Shahidul Islam (CCC).

Hace un año, el líder sindical Shahidul Islam fue atacado y asesinado frente a la fábrica Prince Jacquard Sweaters Ltd en Bangladesh. A pesar de intentos reiterados por parte de la red Campaña Ropa Limpia (CCC por sus siglas en inglés) de comunicarse con más de 50 marcas de ropa que se abastecen en esa fábrica, la familia solo ha recibido una pequeña indemnización por parte de una marca.

Organizaciones de derechos humanos y laborales expresan su preocupación por las propuestas de reformas a la ley del trabajo de Sri Lanka

Jun 5, 2024 —

Foto - Los sindicatos de Sri Lanka se reúnen en 2023 en torno a las
preocupaciones compartidas con respecto a la reforma a la ley del trabajo
y al fondo de pensiones.(FTZ&GSEU).

Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Campaña Ropa Limpia, una coalición internacional a la que pertenece la Red de Solidaridad con la Máquila (RSM), están haciendo un llamado urgente al gobierno de Sri Lanka para que detenga las actuales iniciativas para promulgar una nueva ley del trabajo y asegurar que las futuras reformas laborales sólo se propongan y aprueben después de una consulta adecuada con las trabajadoras(es) y sus representantes.

Organizaciones de la sociedad civil cuestionan el costo de los derechos humanos del régimen de excepción en El Salvador

Jun 3, 2024 —

Foto: De un video en solidaridad con las madres de personas
detenidas y desaparecidas (Cristosal).

Foto: Conferencia de prensa en 2022 para denunciar las
desapariciones forzadas y exigir justicia (FESPAD).

El régimen de excepción declarado por el gobierno salvadoreño en el mes de marzo de 2022 para contener la desenfrenada violencia de las pandillas se ha prorrogado de manera continua por más de dos años.

Mientras que gran parte de la población apoya estas medidas debido a la reducción de los niveles de violencia perpetrada por las pandillas en ciertas áreas del país, las organizaciones de la sociedad civil y las familias afectadas negativamente por las detenciones masivas han cuestionado el costo de esta política en términos de los derechos humanos. 

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