El nombramiento de la muy esperada “Ombudsperson” [Defensora del Pueblo] Canadiense para la Responsabilidad Empresarial se espera para fin de año. Mientras, la presión de la sociedad civil aumente para asegurar que Canadá cumpla con su promesa de hacer responsables a las empresas canadienses en los sectores de minería, petróleo y gas, y confecciones por sus abusos a los derechos humanos en el extranjero.

El 17 de enero de 2018, después de once años de campaña por una mayor responsabilidad corporativa canadiense, el gobierno de Canadá anunció la creación de la “Ombudsperson” canadiense. La oficina tendrá el mandato de investigar acusaciones de abusos de los derechos humanos vinculados a actividad corporativa canadiense en el exterior, comenzando con las industrias extractivas y de confecciones, y proveer remediación a las víctimas.

A la fecha, sin embargo, la Oficina de la “Ombudsperson” todavía no está establecida planteando serias preocupaciones entre las organizaciones de la sociedad civil sobre las intenciones del gobierno de Canadá de cumplir efectiva y fehacientemente con su compromiso de crear esta oficina, que sería la primera de este tipo. En las últimas semanas, Amnistía Internacional y varias organizaciones miembros de la Red Canadiense por la Responsabilidad Corporativa (CNCA por sus siglas en inglés), han comenzado a intensificar su campaña para presionar a miembros locales del Parlamento y al Ministro de Comercio Internacional y Diversificación, Jim Carr. La CNCA está compuesta por más de 30 organizaciones canadienses de derechos humanos, justicia social, desarrollo internacional, sindicatos y fe, incluyendo la RSM.  

La coordinadora de la CNCA, Emily Dwyer, explicó su preocupación mayor en una columna de opinión en el periódico Ottawa Citizen: “Canadá puede investir a la “Ombudsperson” con poderes reales para investigar abusos y remediar el daño causado por empresas canadienses, o puede crear una posición sin poderes adecuados, llamarla una “Ombudsperson”, y dejar a individuos y comunidades dañadas por empresas mineras canadienses sin tener dónde recurrir por ayuda.

Con la designación de la “Ombudsperson” esperada para las próximas semanas, todavía no está claro si el gobierno canadiense establecerá una oficina con los poderes necesarios para hacer responsables a las empresas de los sectores de minería, petróleo y gas, y confecciones por sus abusos en el exterior.