El 16 de marzo, Sandra Ramos, dirigente del Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas, María Elena Cuadra (MEC), fue detenida en forma arbitraria junto con más de otras 100 participantes de una protesta pacífica que demandaba la liberación de todas las presas políticas(os) en Nicaragua, como condición para la reanudación de negociaciones para una resolución del conflicto en el país. Tras ocho horas de estar detenida, ella y otras personas detenidas fueron liberadas.

Sandra es amiga y contraparte de largo tiempo de la RSM, y MEC es una de las organizaciones defensoras más importantes y efectivas de los derechos de las trabajadoras de la maquila en Centroamérica. Antes de fundar el MEC, Sandra era dirigente del Secretaría de la Mujer de la Central Sandinista de Trabajadores (CST). Más recientemente, ha desempeñado un rol importante en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que intenta negociar con el gobierno de Ortega un final de la represión estatal y un compromiso de respeto a los derechos democráticos.

Aquellas detenidas el 16 de marzo incluían también a otras activistas prominentes del movimiento de derechos humanos, estudiantiles, de la mujer y ambientalista, así como ex militantes sandinistas, incluyendo a Sofía Montenegro, Moisés Hassan, Mónica Boltodano y su hija Sofana Arce Boltodano.

Para quienes hemos apoyado los ideales y objetivos de la revolución sandinista desde sus comienzos, las acciones del gobierno de Ortega, especialmente en el último año, son sumamente preocupantes. La oposición a los cambios en los beneficios de la seguridad social se convirtió rápidamente en un movimiento contra el régimen mismo, cuando la respuesta del estado a protestas generalmente pacíficas consistió en represión violenta y arrestos arbitrarios. Desde abril de 2018, aproximadamente 325 personas murieron en el conflicto y más de 700 han sido arrestadas.

El 27 de febrero, sólo unas horas antes de la reanudación de negociaciones con la Alianza Cívica, el gobierno liberó 100 presos políticos y los puso bajo arresto domiciliario, en lo que pareció ser un gesto de buena voluntad. Cincuenta más fueron liberadas desde entonces. Sin embargo, los arrestos de civiles siguen y la falta de disposición del gobierno de liberar a todas las presas políticas(os) o de terminar con las restricciones a la libertad de asamblea y libertad de prensa resultó en la retirada de organizaciones estudiantiles de las negociaciones y de la Conferencia Episcopal de Nicaragua de su rol de testigo.

La RSM se une a otras organizaciones canadienses e internacionales en apoyo a una resolución pacífica, negociada del conflicto en Nicaragua, y en pedir al gobierno de Ortega que ponga fin a la represión y los arrestos arbitrarios, que libere a todas las presas políticas(os), y que respete la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de prensa.