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Las protestas lanzadas por maestros y profesionales de la salud en respuesta a dos decretos del gobierno que apuntaban a una mayor privatización de los ya muy deteriorados sistemas de educación y salud, pronto crecieron al sumarse activistas de otros sectores. La Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación, una coalición de organizaciones sindicales y comunitarias formada a principios de mayo, ha tenido un importante rol de coordinación desde abril.
Las protestas se producen después de 10 años del golpe que depuso al presidente José Manuel Zelaya tomando el poder el Partido Nacional, ahora liderado por Juan Orlando Hernández (JOH). El golpe inició una década de crisis políticas, violencia, militarización y represión, incluyendo asesinatos de un alarmante número de activistas laborales y de derechos humanos, líderes indígenas y periodistas.
A medida que esta última ola de protestas y bloqueos se extiende por el país, las demandas se han ampliado para incluir llamados por el fin de la corrupción gubernamental, la violencia militarizada y la represión, y la renuncia de Hernández. “Fuera JOH” se ha convertido en la consigna del movimiento.
La respuesta del gobierno a las protestas ha sido brutal, incluyendo el uso indiscriminado y excesivo de gas lacrimógeno y balas de goma contra los manifestantes. Amnistía Internacional calcula que desde junio, al menos 80 personas han sido heridas y seis muertas, cuatro de las cuales fueron el resultado de uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad.
Las manifestaciones y bloqueos de caminos se han convertido en acciones regulares en las municipalidades del norte alrededor de San Pedro Sula, donde está ubicada la mayoría de las maquiladoras. El 1º de julio la policía disparó y mató a Joshua Sánchez, un trabajador de 22 años, presidente del sindicato en la planta de confecciones de Gildan en Villanueva. Otros tres miembros del sindicato también resultaron heridos en las protestas. Gildan es una empresa canadiense dueña de varias fábricas de confecciones y textiles en la región de San Pedro Sula.
En respuesta a la represión del gobierno, a la violencia criminal estatal, y la parálisis de los servicios sociales, miles de hondureñas y hondureños siguen huyendo del país, arriesgando sus vidas al unirse a caravanas hacia el norte con la débil esperanza de cruzar la frontera del norte mexicano y comenzar una nueva vida en los Estados Unidos.
A continuación ofrecemos vínculos sobre reportes y noticias recientes en español e inglés:
Amnestía Internacional
- Ejercer el derecho a la protesta tiene un alto costo para quienes se atreven a tomar las calles (julio 2019)
- Amnistia Internacional adverte al Presidente Hernández sobre el despligue de las Fuerzas Armadas en el marco de protestas (junio 2019)
- Autoridades de Honduras deben de poner fin al uso de la fuerza excesiva para reprimir protestas (junio 2019)
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
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