El asesinato de dos hermanos, Victor y Marcelino Shaunitla Peña, ilustra el sistema corrupto y antidemocrático de las relaciones laborales en México. Los hermanos estaban participando en un paro de mineros con el apoyo de miembros de la comunidad contra la mina de oro Media Luna, de propiedad canadiense en Azcala, Guerrero. Los asesinatos ocurrieron en momentos en que las negociaciones por el TLCAN se reanudaban en Ciudad de México.

Los hermanos fueron muertos a tiros el 18 de noviembre por un grupo que, según reportes provenientes del lugar del asesinato, incluyendo líderes locales de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la cual está afiliada con el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI). Las trabajadoras(es) que estaban presentes en el momento de los asesinatos sostienen que los responsables fueron arrestados, pero dejados en libertad después.

Los trabajadores de Media Luna están luchando para ser representados por un sindicato independiente, Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM o “Los Mineros”), en lugar del sindicato de la CTM, el cual, dicen, les fue impuesto por la empresa sin su conocimiento o consentimiento. Una vicepresidenta de la empresa, Gabriela Sánchez, confirmó en un artículo en el diario canadiense The Globe and Mail que su empresa se había “relacionado” con la CTM antes de contratar trabajadoras(es).

La CTM y otros “sindicatos oficiales” tienen notoriedad por firmar contratos de protección con empleadores, contratos colectivos de trabajo fraudulentos que generalmente son firmados antes de que se haya contratado trabajador alguno y muy pocas veces ofrecen protección más allá de la mínima requerida por ley. La firma de contratos de protección es una práctica patronal extendida para impedir el funcionamiento de sindicatos independientes y democráticos, ha sido condenada por la Confederación Sindical Internacional y se ha determinado que viola el derecho fundamental de libertad de asociación establecido por la Organización Internacional del Trabajo.

Torex Gold Resources, basada en Toronto, Canadá, que es propietaria de la mina Media Luna y las autoridades del estado de Guerrero sostienen que no hay conexión entre los asesinatos y el conflicto laboral por el deseo de los trabajadores de unirse al sindicato de su elección, y que los hermanos Shaunitla Peña no eran empleados de la empresa. Sin embargo, varios informes periodísticos sugieren que, o habían sido contratados, o estaban empleados a través de una empresa de trabajo tercerizado contratada por Torex Gold. La tercerización del empleo es una práctica cada vez más común en México, lo cual, según expertos en relaciones laborales, es una forma en que las empresas evaden sus responsabilidades legales, como empleadores, con las trabajadoras(es).

Residentes locales también se unieron a las protestas de los trabajadores por la falla de la empresa en compensar a su comunidad por el agua utilizada por la mina.

En un comunicado de prensa del 19 de noviembre, Los Mineros declararon que hacen responsables a la empresa, la CTM y al presidente mexicano Enrique Peña Nieto y su gobierno por el ataque a los trabajadores en huelga y miembros de la comunidad.

Tanto el Sindicato de Metalúrgicos (USW) y el mayor sindicato canadiense del sector privado, Unifor, hacen un llamado al gobierno canadiense para que intervenga ante las autoridades mexicanas y la empresa para que reconozcan el derecho de los trabajadores de Media Luna a ser representados por el sindicato de su elección y prevenir una mayor violencia.

La violencia y represión en Media Luna refuerza la necesidad de una mayor presión sobre el gobierno mexicano para que cumpla con su compromiso de introducir reformas fundamentales al sistema de justicia laboral del país para garantizar el derecho de las trabajadoras(es) a elegir democráticamente a su sindicato y votar sobre los contratos colectivos de trabajo antes de que sean registrados.

“El conflicto en Media Luna subraya la necesidad de protecciones a los derechos laborales de cumplimiento efectivo a implementarse antes del lanzamiento de un nuevo TLCAN”, sostienen los líderes canadienses y estadounidenses del USW. “Los derechos de los trabajadores deben estar incluidos en el cuerpo de cualquier nuevo tratado comercial … Unifor nunca apoyará un acuerdo de TLCAN sin una reforma laboral en México”, dice el presidente de Unifor Jerry Dias.

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