El 8 de abril, el gobierno canadiense anunció la designación de la muy esperada Persona Defensora para la Actividad Comercial Responsable (Canadian Ombudsperson for Responsible Enterprise – CORE por sus siglas en inglés), pero no siguió su compromiso de dar a la posición la independencia y el poder necesarios para investigar abusos y remediar daños causados por empresas canadienses mineras, de petróleo y gas y de confecciones que operan fuera de Canadá. Varias organizaciones de derechos humanos, sindicales, de derechos laborales, de desarrollo internacional y religiosas expresaron su consternación ante el anuncio.

Hace quince meses, el gobierno anunció que establecería la oficina de la Ombudsperson y que la persona designada tendría poderes reales de investigación e independencia. En su lugar, el 8 de abril, el Ministro de Comercio Internacional y Diversificación, Jim Carr, anunció la designación de lo que parece ser un asesor especial, algo opuesto de una ombudsperson independiente, con el poder de exigir documentos y testimonios bajo juramente. Carr declaró que hacía falta más estudio para definir el alcance de los poderes de la posición, una decisión que ha producido grandes críticas de organizaciones que habían hecho campaña para la creación de la oficina por muchos años.

Según Emily Dwyer, Coordinadora de la Red Canadiense de Responsabilidad Corporativa (CNCA por sus siglas en ingles), “una ombudsperson en nombre solamente, no es una ombudsperson. Es simplemente más del mismo enfoque que ya se ha comprobado vacío e inefectivo… A quince meses en este proceso, la noticia de una revisión es indignante. No necesitamos más estudios. Necesitamos acción.”

La RSM se unió a la CNCA cuando el gobierno inesperadamente añadió a la industria de la confección a la lista de industrias extractivas canadienses que operan en el exterior que la Ombudsperson tendría el poder de investigar. Con este anuncio, vemos el enorme peso de que el cabildeo de la industria tiene sobre la toma de decisión y la acción del gobierno a pesar de continuos reportes de violaciones a los derechos humanos conectadas a empresas mineras y cadenas de aprovisionamiento de confecciones canadienses.

Nos unimos a otras organizaciones de la sociedad civil para hacer un llamado al gobierno canadiense de cumplir con su promesa de hace quince meses y asegurar que el nuevo puesto designado sea independiente y efectiva, con el poder para exigir evidencia de canadienses y empresas canadienses.

Comunicado de Prensa: El gobierno de Canadá incumple su promesa de crear mecanismo de control