Unos días antes de empezar el periodo electoral, el gobierno de Trudeau publicó un mandato revisado para la Oficina de la Persona Defensora para la Actividad Comercial Responsable (CORE por sus siglas en inglés). Aunque incluye algunos cambios menores, el mandato revisado no otorga a la nueva oficina los poderes de investigación que necesita para hacer responsables a empresas mineras, de petróleo y gas y de confecciones por violaciones a los derechos humanos en sus operaciones en otros países.
En abril se anunció la designación del defensor (Ombudsperson), pero sin poderes firmes de investigación que había prometido el gobierno. Esto provocó, tres meses después, la renuncia de todas las 14 organizaciones de la sociedad civil miembros del Organismo Asesor Multi-partito sobre Conducta Responsable de Empresas en el Extranjero, que declararon su completa falta de confianza en el gobierno y lo condenaron por no actuar de buena fe durante las consultas.
Sin un nuevo mandato creado bajo la Acta de Investigaciones (Inquiries Act), la Oficina de Defensa del Pueblo, actualmente a cargo de Sheri Meyerhoffer, no podrá investigar abusos de forma efectiva e independiente. Ante las próximas elecciones, todo está suspendido hasta que asuma el nuevo gobierno. Queda por verse, por lo tanto, si se crean mecanismos efectivos de responsabilidad corporativa para las empresas canadienses que operan en otros países.
Para mayor información (en inglés):
- Parliament has dissolved and Canada still does not have an independent ombudsperson with #power2investigate (CNCA)
- Trudeau Government Drops Writ and Publishes Revised Ombudsperson Mandate, Again fails to provide Necessary powers to Investigate Corporate Abuse of Human Rights (Mining Watch Canada)
- Frustration fuels exodus from advisory body: Members say federal ombudsperson has no power to probe mining companies (Winnipeg Free Press)