Por Industriall, UNI, CCC, ILRF, MSN, WRC

El Gobierno de Bangladesh está utilizando un recurso ante el Tribunal Supremo del país para impedir el funcionamiento del Acuerdo, poniendo con ello en peligro la seguridad de los trabajadores.

En su presentación al Tribunal acerca de la apelación del Acuerdo contra una orden para que dejara de funcionar en Bangladesh a partir del 30 de noviembre, el Gobierno ha declarado que sólo se debe permitir que el Acuerdo siga funcionando en Bangladesh con una serie de condicionamientos sumamente restrictivos que privarán a la iniciativa de seguridad respetada globalmente de su capacidad de funcionar independientemente del control del Gobierno y de los empleadores. Las restricciones incluyen que esta sea la última ampliación autorizada para mantener la oficina del Acuerdo en Dhaka.

Si las condiciones del Gobierno fueran aceptadas por el Tribunal Supremo se destruiría la independencia del Acuerdo, sometiendo todas las decisiones del Acuerdo a la aprobación por un comité del Gobierno. Otra condición prohíbe a los inspectores del Acuerdo identificar nuevas violaciones de la seguridad, exigiéndoles que ignoren los riesgos mortales que detecten en sus inspecciones, como sistemas de alarma defectuosos, salidas de emergencia bloqueadas y grietas en las columnas estructurales. Y hay otra que impide al Acuerdo tomar cualquier medida contra los propietarios de las fábricas cuando amenacen o despidan a trabajadores por plantear quejas sobre la seguridad.

En una audiencia del 6 de diciembre en la que se presentó la respuesta del Acuerdo a las limitaciones de sus operaciones, el Gobierno solicitó una nueva audiencia el 10 de diciembre, a fin de disponer de tiempo para considerar la respuesta. Hoy, el Gobierno ha pedido, y se le ha concedido, un nuevo retraso hasta el 17 de diciembre. Sin una orientación clara, el futuro del Acuerdo sigue pendiente de un hilo.

Los sindicatos mundiales firmantes del Acuerdo– la IndustriALL y la UNI – y los cuatro testigos signatarios – la Campaña Ropa Limpia, el Foro Internacional de Derechos Laborales, la Red de Solidaridad de la Maquila y el Consorcio de Derechos del Trabajador– piden a los socios comerciales de Bangladesh y a las marcas mundiales de prendas de vestir que ejerzan presión sobre el Gobierno de Bangladesh para que se abstenga de imponer estas sorprendentes restricciones al Acuerdo, que le impedirían continuar su labor de salvar vidas.

El Acuerdo ha sido fundamental para mejorar radicalmente la seguridad en las fábricas de confección en Bangladesh desde que se estableció a raíz del derrumbe de la fábrica del Rana Plaza en 2013, que causó más de mil muertes. Con el Acuerdo se han detectado más de 100.000 riesgos de incendios, de construcción y eléctricos, y la inmensa mayoría de ellos se han corregido. Y más de dos millones de trabajadores han participado en la formación en seguridad en más de 1.000 fábricas.

A pesar de estos avances sigue habiendo riesgos y las vidas de los trabajadores corren aún peligro. Más del 50% de las fábricas carecen todavía de sistemas de alarma y detección de incendios adecuados, y el 40 por ciento no han terminado las renovaciones estructurales.

Con las condiciones del Gobierno sería imposible, en virtud del Acuerdo, detectar cualesquiera nuevos riesgos para la seguridad e informar de ellos, ayudar a las fábricas a terminar las renovaciones para salvar vidas, responder a las quejas de los trabajadores sobre los riesgos para la seguridad, y continuar la vital formación en salud y seguridad de trabajadores y directores.  Una autorización para operar en tales condiciones no es autorización en absoluto.

Si el Gobierno de Bangladesh no levanta urgentemente estas restricciones para preservar la calidad y la independencia de sus operaciones, el Acuerdo no tendrá más opción que seguir funcionando desde su sede de Amsterdam, trasladar la gestión de sus programas de inspección, corrección y formación y recurrir a subcontratistas para aplicarlo. Esto tendrá necesariamente consecuencias para su capacidad de ayudar a las fábricas en las operaciones de reparación, lo que obligará a algunas marcas a poner fin a sus relaciones comerciales con más fábricas que todavía no son seguras.

El Acuerdo se ha comprometido hace mucho a pasar sus funciones a un organismo regulador nacional apropiado, pero la Célula de Coordinación y Reparación (RCC) del Gobierno está todavía en una primera fase de desarrollo. Existe un amplio consenso entre las partes interesadas,, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los principales socios comerciales de Bangladesh y las marcas de que la RCC no está todavía en condiciones de realizar las tareas de inspección del Acuerdo y no tiene un historial demostrado sobre el cumplimiento de la seguridad en las fábricas de su competencia.

El Acuerdo se ha comprometido a crear la capacidad de la RCC y a cooperar con el Gobierno y sus organismos de inspección para asegurar una transición sin problemas. Ya ha presentado un plan sobre cómo puede hacerse, pero el Gobierno no ha hecho hasta ahora comentarios al respecto.

Un verdadero plan de transición para las inspecciones de fábricas, la formación en seguridad y un mecanismo de quejas de los trabajadores necesitará mucho más tiempo y el compromiso real del Gobierno. Y eso no será posible a menos que el Acuerdo pueda seguir funcionando sin restricciones. El Acuerdo es un contrato privado que seguirá siendo vinculante para las marcas hasta 2021, o hasta que se demuestre que la RCC es viable.

El Acuerdo de Bangladesh es ampliamente considerado por las marcas, las iniciativas de numerosas partes interesadas, los sindicatos. ONG, inversores, representantes gubernamentales y políticos como la única salvaguardia creíble para la seguridad de las fábricas en Bangladesh. La presión internacional ha aumentado en el período previo a la audiencia en el tribunal para que se permita que el Acuerdo siga funcionando en Bangladesh hasta que el Gobierno pueda garantizar la seguridad en las fábricas.

Los socios comerciales de Bangladesh, entre ellos la UE, Canadá y Estados Unidos, desean que sus marcas puedan confiar en el Acuerdo para tener la seguridad que sus fábricas proveedoras son seguras, situación a la que sirve de ejemplo una resolución del Parlamento Europeo. Por lo tanto, los tres países fundadores de la RCC de Bangladesh - Países Bajos, Canadá y el Reino Unido - deben instar al Gobierno de Bangladesh a que levante todas las restricciones, informe públicamente de los progresos del organismo de inspección, y resalten la necesidad de una voluntad política en Bangladesh para crear un verdadero plan de transición que debe comprender también la formación en seguridad y un mecanismo de quejas de los trabajadores sobre riesgos para la seguridad. Si el Gobierno de Bangladesh no permite que el Acuerdo funcione efectiva e independientemente, los socios comerciales deberán considerar el impacto que tendrá esta decisión sobre su política comercial con Bangladesh en general. A menos que la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Ropa (BGMEA) y el Gobierno de Bangladesh negocien rápidamente con el Acuerdo un procedimiento factible para que sus operaciones sigan funcionando plenamente, las perspectivas de un trato arancelario favorable a las exportaciones de Bangladesh sufrirán un considerable menoscabo.

Si se quiere evitar un daño irreparable a la reputación de Bangladesh como exportador de prendas de vestir, en lugar de impedir que el Acuerdo continúe su labor para salvar vidas, el Gobierno debe centrarse en la constitución de un organismo regulador nacional competente que pueda garantizar la seguridad de las fábricas de confección de Bangladesh en el futuro.