Un informe de Amnistía Internacional del 2 de junio denuncia que el gobierno de El Salvador está cometiendo violaciones graves de los derechos humanos en el marco del actual régimen de excepción, bajo el cual quedaron suspendidos los derechos de la libertad de asociación, de reunión, de privacidad de la comunicación y de representación legal, entre otros derechos civiles y políticos.

Después de una oleada de homicidios y violencia de pandillas, el gobierno impuso el régimen de excepción el 27 de marzo de 2022. Desde entonces, los grupos de derechos humanos han documentado miles de detenciones arbitrarias y violaciones de debido proceso, así como casos de tortura y trato cruel e inhumano. Por lo menos, 40 personas han muerto bajo custodia del Estado. 

Las autoridades han encarcelado a más de 39,000 personas acusadas de ser miembros de las pandillas. Sin embargo, los grupos de derechos humanos y miembros de la comunidad han expresado su preocupación por las detenciones arbitrarias y las personas que han sido detenidas por su apariencia o por el área dónde viven. Entre las personas que han sido detenidas de manera arbitraria y llevadas al centro penal, se encuentran trabajadores de la industria de la confección.

El 17 de mayo, cuatro sindicalistas fueron capturados de manera arbitraria. Uno de los detenidos le envió un mensaje por WhatsApp a la junta directiva del sindicato, señalando que: “En este momento nos están trasladando a las bartolinas de la Policía, nos están deteniendo por el trabajo sindical que estamos realizando …  No sabemos exactamente para dónde nos van a llevar”. 

Bajo el régimen de excepción, no se requiere que la policía presente una orden de captura o proporcione una explicación de los cargos levantados contra los detenidos. Las audiencias ante el juez se realizan con hasta 500 detenidos a la vez, con lo cual resulta difícil garantizar el derecho a la defensa de cada persona.

Mientras tanto, las familias y amistades de las personas detenidas no logran obtener respuesta por parte de las autoridades, a veces reuniéndose en grupos afuera de las cárceles, esperando recibir información. El 25 de mayo, cientos de familiares de los detenidos tomaron las calles para exigir la liberación inmediata de sus seres queridos y expresar su preocupación por su seguridad. Ese mismo día, 67 de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa votaron por extender el régimen de excepción por otro mes, hasta fines de junio.

A pesar de las preocupaciones generalizadas por los derechos humanos, después de décadas de vivir niveles extremadamente altos de crimen y violencia, la mayoría de la población parece apoyar las medidas drásticas. El 21 de junio, el gobierno solicitó 30 dias más del el régimen de excepción.

El régimen de excepción es sólo una de varias jugadas legales del gobierno de Nayib Bukele que limitan los derechos y libertades civiles, incluyendo el Proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, el cual se retiró temporalmente gracias a la presión internacional. Más aún, desde que se declaró el régimen de excepción, el Congreso ha aprobado cambios al Código Penal y al Código Procesal Penal, aumentando las sentencias dictadas a dirigentes y miembros de grupos ilegales a entre 20 y 45 años (en comparación a las sentencias de entre 3 y 9 años que se dictaban anteriormente), eliminando los límites de tiempo de la detención preventiva en casos relacionados con pandillas y reduciendo la edad de la responsabilidad penal a los 12 años por ser afiliados con grupos terroristas o de pandillas, entre otras reformas. El Congreso además estableció penas de prisión de hasta 15 años para los periodistas que informen sobre cuestiones relacionadas con las pandillas.

La RSM está extremadamente preocupada por el prolongado régimen de excepción y su impacto sobre la seguridad y los derechos humanos de las trabajadoras(es), los sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y las comunidades.

Para más información:

• El Salvador: Evidencias de graves abusos durante el régimen de excepción
• El Salvador: El presidente Bukele sumerge al país en una crisis de derechos humanos luego de tres años de gobierno 
• El Salvador: Familias exigen la liberación de los detenidos durante el estado de excepción
• Denuncian captura arbitraria de sindicalistas: piden no "criminalizar la labor sindical"
• Nueva ley adoptada en El Salvador sanciona con penas de hasta 15 años de prisión a los periodistas que den cobertura informativa a las pandillas
• Informe de Cristosal