85 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y laborales y sindicatos globales se han unido para reclamar el fin del proceso judicial políticamente motivado contra el defensor de los derechos humanos Moeun Tola.

Tola es un conocido defensor de los derechos de las trabajadoras(es) y Director Ejecutivo del Centro por la Alianza de Derechos Humanos y Laborales (CENTRAL). Él y otros dos líderes, Pa Nuong Teang, defensor y promotor de la libertad de prensa, y el Venerable But Buntenh, monje activista, enfrentan cargos acusándolos de apropiarse de fondos destinados al funeral de Kem Ley, un crítico del gobierno asesinado.

Los miembros de la familia de Kem Ley han declarado públicamente que no hay razones para las acusaciones, dado que Tola y los otros dos acusados nunca manejaron fondos para el funeral.

Si es condenado, Tola y los otros dos activistas pueden tener que enfrentar de seis meses a tres años de prisión y una multa de hasta seis millones de riel (US$1.500). El proceso judicial a que están sometidos es visto como parte de una campaña más amplia del gobierno de silenciar voces independientes en los medios y cerrar el principal partido político de oposición y organizaciones de derechos humanos y laborales.

El comunicado conjunto pide al gobierno de Camboya que respete los derechos humanos fundamentales y que levante inmediatamente los cargos contra Tola y los otros dos acusados. Se hace eco de un pedido de 35 organizaciones camboyanas de derechos humanos (enlace está en ingles) que expresan su preocupación y hacen un llamado a la acción.

La RSM y sus contrapartes también se han contactado con marcas internacionales de indumentaria cuyos productos se fabrican en Camboya, urgiéndoles a comunicar directamente al gobierno de Camboya su preocupación sobre el proceso judicial contra Tola y otros defensores de derechos humanos y laborales.

“Si las autoridades camboyanas quieren que el país sea atractivo para marcas responsables, deberían abandonar esta actitud de perseguir a líderes laborales y otros miembros de la sociedad civil, y levantar todas las acusaciones penales falsas,” dice Aruna Kashyap, asesora ejecutiva en la división de mujeres de Human Rights Watch. “Las marcas internacionales y los gobiernos deben exigir que estas acusaciones inventadas sean levantadas como una señal importante de buena fe de las autoridades camboyanas en proteger y promover los derechos laborales en el país.”