El 11 de diciembre de 2018, seis destacados líderes sindicales camboyanos fueron hallados culpables de instigar protestas violentas en diciembre de 2013 y enero de 2014 siendo sentenciados a pagar una multa colectiva de aproximadamente US$8,600. La sentencia se da justo después de que el primer ministro de Camboya Hun Sen, bajo una intensa presión internacional, urgiera públicamente a los ministerios de trabajo y justicia a finalizar con todos los casos judiciales contra dirigentes sindicales, una medida originalmente alabada por los líderes sindicales.

Los seis dirigentes sindicales habían sido acusados por su supuesta participación en protestas de trabajadoras(es) de la confección y el calzado que demandaban un aumento del salario mínimo mensual a US$160. El 3 de enero de 2014, la policía militar abrió fuego contra manifestantes pacíficos, matando a 4 e hiriendo a 27.

Serias divergencias entre los cargos presentados originalmente, y los que se leyeron en la decisión final, junto con la falta de pruebas y testimonios en apoyo de las acusaciones, han provocado alarmas a nivel nacional e internacional, y federaciones sindicales y organizaciones de la sociedad civil de Camboya, sindicatos globales y organizaciones internacionales de derechos laborales piden que el fallo sea anulado.

El 14 de diciembre, cinco federaciones sindicales globales dieron a conocer una declaración conjunto condenando la condena de los seis dirigentes sindicales. Su declaración expresa “serios temores de que estas condenas en suspenso sean usadas para arrestar a los líderes condenados si participan en alguna acción en los próximos cinco años….” Sigue diciendo que la decisión del 11 de diciembre “puede ser vista como una maniobra del Gobierno Real de Camboya para calmar a la comunidad internacional finalizando el caso, manteniendo al mismo tiempo la amenaza latente de prisión que los seis condenados enfrentaban antes de que el caso fuera llevado a juicio.”

El 24 de diciembre, se dio a conocer una segunda declaración condenando las condenas, la cual fue firmada por 95 organizaciones en 27 países. En esa declaración, Brian Adams, director para Asia de Human Rights Watch, hace un llamado a la Unión Europea, los EE. UU. y otros gobiernos foráneos que “consideren estas sentencias como un claro golpe contra los sindicatos independientes y los derechos laborales, y no una indicación de clemencia del gobierno camboyano.”

Leer el mensaje de IndustriaLL sobre la declaración sindical aqui
Leer la declaración sindical completa aquí (en inglés)
Leer la declaración completa del 24 de diciembre aquí (en inglés)