El régimen de excepción declarado por el gobierno salvadoreño en el mes de marzo de 2022 para contener la desenfrenada violencia de las pandillas se ha prorrogado de manera continua por más de dos años.

Mientras que gran parte de la población apoya estas medidas debido a la reducción de los niveles de violencia perpetrada por las pandillas en ciertas áreas del país, las organizaciones de la sociedad civil y las familias afectadas negativamente por las detenciones masivas han cuestionado el costo de esta política en términos de los derechos humanos. 

Las organizaciones de derechos humanos salvadoreñas han documentado por lo menos 78,000 detenciones arbitrarias, 327 desapariciones forzadas, y 235 muertes bajo custodia del Estado desde que se declarara el régimen de excepción por primera vez. La falta de transparencia dificulta el monitoreo de la situación, la defensa de las víctimas, y el acceso a la información sobre los seres queridos que han sido desaparecidos o detenidos.

En una declaración publicada en el marco del segundo aniversario del régimen de excepción, Amnistía Internacional resaltó la suspensión de ciertos derechos que se deben de garantizar bajo cualquier circunstancia, incluyendo “el derecho a un juicio justo, el principio de legalidad en materia penal y la prohibición de la tortura y de la discriminación.” La legislación aprobada en 2023, por ejemplo, permite juicios masivos para hasta 900 personas a la vez, circunstancia bajo la cual es extremadamente difícil asegurar el debido proceso.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró que: “No puede ser un éxito reducir la violencia pandilleril sustituyéndola por violencia estatal”.

En el mes de abril de 2024, seis organizaciones de la sociedad civil, incluyendo ORMUSA, una organización salvadoreña que lucha por los derechos laborales y de las mujeres, aliada de la RSM, presentaron el informe “Las desapariciones forzadas bajo las políticas de seguridad represiva y el Estado de Excepción” al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (WGEID por sus siglas en inglés). Además de ORMUSA, contribuyeron al informe la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés), el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), Cristosal, Servicio Social Pasionista (SSPAS), y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).

Estas organizaciones de la sociedad civil han identificado los patrones de las 327 desapariciones forzadas cometidas bajo el régimen de excepción, incluyendo casos en los cuales las personas desaparecidas habían sido detenidas por autoridades del Estado y se desconoce su paradero o bien murieron bajo custodia del Estado, a veces con huellas de tortura y malos tratos. El informe también menciona miles de desapariciones forzadas cometidas por pandillas y el crimen organizado antes de 2022 que el gobierno actual no está investigando ni enjuiciando.

Las seis organizaciones le solicitaron a las Naciones Unidas que le haga un llamado al gobierno de El Salvador a que no extienda una prórroga adicional al régimen de excepción, que reconozca la existencia de miles de desaparecidos y que tome medidas concretas para mejorar los métodos para mantener un registro adecuado, investigar e informar sobre las desapariciones, así como los métodos para buscar a los desaparecidos.

Para más información:

• Informe de organizaciones de sociedad civil de El Salvador al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (varias organizaciones)
• El Salvador: La institucionalización de la violación de derechos humanos tras dos años del régimen de excepción (Amnistía Internacional)
• Directora del Idhuca advierte de panorama "poco alentador" en El Salvador durante próximo quinquenio (La Prensa Gráfica)