Defensoras(es) de derechos humanos se han pronunciado en contra de la propuesta de “Ley de Agentes Extranjeros” que restringiría el trabajo de las organizaciones sociales y medios de comunicación independientes. Debido a presiones internacionales, la Asamblea Legislativa pospuso la discusión de la ley para poder consensuar la propuesta con la comunidad internacional. Sin embargo, preocupan por las futuras versiones de la propuesta.

En su versión original, la ley exigiría a personas naturales y jurídicas que reciben financiamiento del exterior a registrarse como “agentes extranjeros”. Al registrarse como agentes extranjeros se les prohibiría de participar en “actividades políticas” que “amenazan” el orden público o la seguridad y estabilidad nacional. Los que no cumplan con esta ley pueden enfrentar multas, prisión y/o la cancelación de su personería jurídica.

Mientras el presidente Nayib Bukele invoca la necesidad de transparencia como el objetivo detrás de la propuesta de ley, organizaciones nacionales e internacionales la han denunciado. Un comunicado publicado por 21 organizaciones salvadoreñas de derechos humanos, ambientalistas, y de jóvenes expresa preocupación que la implementación de dicha ley llevará a violaciones de la libertad de asociación y libertad de expresión. Varias organizaciones en El Salvador se han pronunciado en contra de la ley por ser un intento de intimidar y silenciar a los que han criticado al gobierno actual. Las organizaciones mantienen que son transparentes, ya entregan informes periódicos al gobierno acerca de sus finanzas y trabajo.

Asimismo, la ley incluye una propuesta de impuestos del 40% en fondos provenientes del exterior, desalentando el financiamiento internacional para proyectos de ayuda social y haciendo casi imposible para muchas organizaciones llevar a cabo su importante trabajo.

La ley incluye exenciones a las remesas, relaciones comerciales, ayuda humanitaria, proyectos de desarrollo, actividades académicas y actividades religiosas, entre otras, pero otorga al presidente amplios poderes para su implementación. Organizaciones como la Fundación para el Debido Proceso y Human Rights Watch argumentan, que al ser tan ambigua la ley crea confusión y, en algunos casos, contraviene las leyes internacionales de derechos humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones internacionales han exhortado a la Asamblea Legislativa a no aprobar la ley, citando preocupaciones acerca de la manera en que podría ser utilizada para limitar el trabajo de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes, además cómo podría afectar la capacidad de las organizaciones para defender los derechos humanos y la libertad de prensa.

Miembros del gobierno actual han mencionado específicamente a ciertas organizaciones que podrían ser afectadas por la ley, tal como la organización de derechos humanos Cristosal y el medio de comunicación digital El Faro que ha criticado tanto al gobierno de Bukele como a los gobiernos anteriores.

Los esfuerzos del gobierno de Bukele de restringir por medio de leyes el trabajo de la prensa y las organizaciones sociales es sólo un ejemplo de una tendencia preocupante en la región. En febrero de 2020, Guatemala aprobó una ley de ONG para monitorear más de cerca su financiamiento y trabajo. Le da amplios poderes al Ministerio de Gobernación a cerrar organizaciones que no cumplen con las regulaciones. Nicaragua aprobó una ley similar de agentes extranjeros en octubre del 2020 y desde entonces ha cancelado la personería jurídica de por lo menos 45 ONG, incluyendo OXFAM, y otras organizaciones que han salido del país.

La propuesta de ley en El Salvador forma parte de la creciente presión sobre las ONG en el país. El 22 de noviembre, fiscales salvadoreños allanaron las oficinas de siete ONG en el transcurso de una investigación de supuesta malversación de fondos del Estado. Las organizaciones trabajan en temas relacionados a la educación, el desarrollo y los derechos humanos. La organización feminista la Asociación Movimiento Mélida Anaya Montes (Las Mélidas) denunció los allanamientos como un abuso de poder.

La RSM manifiesta su preocupación acerca del impacto negativo que la “Ley de Agentes Extranjeros” podría tener en las organizaciones laborales, de mujeres y de derechos humanos con quienes trabajamos y que reciben financiamiento internacional para su trabajo crucial a favor de los derechos laborales en el país.

Para más información:

• La CIDH y RELE urgen al Estado de El Salvador no aprobar el anteproyecto de Ley de Agentes Extranjeros (CIDH)
• El Salvador: La Asamblea debe archivar el proyecto de ley sobre agentes extranjeros (Human Rights Watch)
• FESPAD y organizaciones de derechos humanos en Centroamérica se pronuncian ante la crisis democrática en la región (La Prensa Gráfica) 
• Nicaragua es el espejo favorito de los gobiernos que violan derechos humanos (El Faro)