Un informe de Amnistía Internacional del 2 de junio denuncia que el gobierno de El Salvador está cometiendo violaciones graves de los derechos humanos en el marco del actual régimen de excepción, bajo el cual quedaron suspendidos los derechos de la libertad de asociación, de reunión, de privacidad de la comunicación y de representación legal, entre otros derechos civiles y políticos.